La minería no fue nunca una actividad predominante en los territorios ultramarinos españoles de Cuba, Puerto Rico y Filipinas, si se exceptúa la extracción de oro en los yacimientos conocidos desde antiguo en la sierra portorriqueña de Luquillo. Se trataba de depósitos de tipo placer que fueron explotados intensamente durante el siglo XVI, cuando el Gobernador Ponce de León instaló la primera fundición.

Las noticias llegadas a la metrópoli desde Cuba y Puerto Rico a comienzos de la década de 1830 sobre importantes hallazgos de cobre y oro, respectivamente (AHN, Ultramar, 437, Exp. 10), así como sobre yacimientos de carbón en las islas Filipinas, propiciaron la creación en estos territorios de inspecciones de minas, siguiendo los dictados de la Ley de Minas de 1825 y el establecimiento de distritos mineros en la península. Estas instancias debían contar con ingenieros que participaran en los expedientes gubernativos necesarios para la tramitación de concesiones mineras, así como en las labores de reconocimiento y demarcación de nuevas pertenencias, el levantamiento de planos topográficos y la supervisión de minas en operación, las cuales debían ser visitadas, al menos, una vez al año.

Las noticias sobre nuevos indicios de oro en la sierra portorriqueña de Luquillo a comienzos de la década de 1830 y los nuevos trabajos en la minería del cobre en Cuba, llevaron a la Dirección General de Minas a constituir una comisión de ingenieros que certificasen el nuevo hallazgo, además, de visitar también la isla de Cuba con el fin de examinar diferentes aspectos mineros. Finalmente, la comisión quedó reducida a una persona, y fue Isidro Sainz de Baranda el seleccionado, ya que, por circunstancias personales, deseaba alejarse de la península. Sin embargo, las islas antillanas no le debieron parecer lo suficientemente lejanas, y optó por ocupar la segunda de las plazas que había ofertado la Dirección General de Minas en Ultramar, la de la Inspección de Minas de las islas Filipinas (Rábano, 2020). De forma que la tarea recayó en otra de las personas que se habían postulado para ocupar el puesto, el ingeniero segundo Joaquín Eizaguirre Bailly.

Fue nombrado jefe de la nueva Inspección de Minas de Cuba y Puerto Rico por Real Orden de 14 de julio de 1837 (AHN, Ultramar, 6, Exp. 9). Aunque de ascendencia navarra y vasca, Eizaguirre había nacido en Santander en 1812, donde su padre era administrador de Aduanas. Cursó la enseñanza media en San Sebastián e inició los estudios de minería en la Academia de Almadén en 1831 (Maffei, 1877), tras haberse formado en diversas instituciones, principalmente madrileñas, en materias básicas de matemáticas, físicas, química, mineralogía y dibujo (Mansilla Plaza y Sumozas García-Pardo, 2007). Una vez finalizada su formación en Almadén, estuvo destinado en el establecimiento minero de Linares, en las minas de plomo y plata de la Alpujarra y en las de carbón de Asturias (Ruiz Martínez, 2020).

En 1837 fue nombrado inspector jefe de la minería en Cuba y Puerto Rico, puesto que ocupó hasta 1853, cuando volvió a la península destinado al Ministerio de Fomento, primero como jefe de negociado y después como jefe de la Sección de Minas. Falleció en Cádiz, ya jubilado, en 1887. Desde su puesto en Fomento, colaboró a finales de 1853 con Guillermo Schulz en el proyecto de creación de una Escuela de Capataces en Asturias, que se establecería en Mieres del Camino (Llaneza González, 2007).

La cabecera de la inspección se fijó en Santiago de Cuba, pues el interés de la metrópoli se centraba en la regulación de la minería del cobre (Calvache, 1944; González Loscertales y Roldán de Montaud, 1980; Roldán de Montaud, 2008). Cabe destacar que una Comisión Regia que visitó Cuba y Puerto Rico en 1838 expresó en su informe su preocupación por el incumplimiento de la Ley de Minas de 1825, debido a la persistencia de la normativa heredada de la antigua legislación de Nueva España. Esta situación generaba inseguridad jurídica que desincentivaba a muchos empresarios, y favorecía el predominio del capital extranjero en las explotaciones, especialmente en el caso del cobre de Santiago de Cuba, controlado por empresas inglesas que no reportaban beneficios al gobierno español (AHN, Ultramar, 77, Exp. 1).

La llegada a las Antillas de Eizaguirre no estuvo exenta de dificultades. Sus funciones parecían estar muy bien definidas de acuerdo con los artículos 40 y 41 del Real Decreto del 4 de julio de 1825 —mediante el cual se aprobó la nueva Ley de Minas en la península y que fue extendida a los territorios ultramarinos—. Eizaguirre tendría a su cargo una serie de responsabilidades clave: promover y fomentar el desarrollo del sector minero; supervisar e inspeccionar los trabajos y operaciones en minas de propiedad particular; recaudar los impuestos establecidos en dicho decreto; atender en primera instancia los conflictos relacionados con asuntos mineros; y ejercer funciones judiciales en casos de delitos penales menores cometidos en el ámbito minero.

Sin embargo, desde el inicio, sus competencias entraron en conflicto con las que hasta entonces ejercían los intendentes de Hacienda de la isla, especialmente en lo referido a la recaudación de tributos, la resolución de litigios mineros y el registro de nuevas denuncias. Aún en 1845 continuaba trasladando Eizaguirre a la Dirección General de Minas los conflictos de atribuciones que venía padeciendo en la Inspección y la falta de cooperación de Hacienda (AHN, Ultramar, 77, Exp. 4). También denunciaba la falta de aplicación de la Ley de Minas de 1825 por parte de las autoridades de Hacienda de la isla, a pesar de que desde la metrópoli se habían enviado repetidamente diversas órdenes para que se aplicase y que “ningún efecto han tenido hasta ahora” (AHN, Ultramar, 77, Exp. 5).

Desde la Dirección General de Minas se decidió establecer varias medidas sobre la organización de la minería del cobre en Santiago de Cuba, que debían ser atendidas exclusivamente por la Inspección. Entre ellas, encargarse “exclusivamente en primera instancia de todos los asuntos relativos a su instituto” (AHN, Ultramar, 77, Exp. 5), así como el establecimiento de un Tribunal de Minería, en el que debía participar el ingeniero de minas. También se mandó organizar una nueva ordenanza minera acorde con las necesidades de la isla, cuyo desarrollo se fue retrasando (en algunos escritos el gobierno de la isla responsabilizó a Eizaguirre por ello), y no se llegó a aprobar hasta 1863.

No se conoce en qué momento Eizaguirre entró en contacto con el empresario santanderino Antonio López y López, futuro Marqués de Comillas, que había llegado a Cuba el mismo año que lo hiciera el ingeniero de minas. El caso es que compartieron intereses empresariales y forjaron una gran amistad. Eizaguirre participó en el flete del primer vapor de Antonio López en Santiago de Cuba, el General Armero, que llevó a la gestión de una línea regular en la isla (Ruiz Martínez, 2020; Rodrigo y Alharilla, 2021).

El auge que experimentó la minería cubana tras su resurgimiento en la década de 1830 —particularmente en la extracción de cobre, impulsada por la creciente demanda de este metal en el contexto de la Revolución Industrial en Europa— llevó a Eizaguirre, en 1844, a plantear a la metrópoli la necesidad de aumentar el número de ingenieros encargados de las labores de la Inspección cubana (AHN, Ultramar, 77, Exp. 4) (figura 1).

Su solicitud fue atendida, y en 1846 nombraron a Policarpo Cía y Francés y a Diego López de Quintana para que ocupasen sus destinos en Cuba, en la recién creada inspección del distrito de Puerto Príncipe.

Diego López de Quintana era natural de Alfaro (La Rioja), donde había nacido en 1826. En 1843 ingresó en la Escuela de Ingenieros de Minas, que ya estaba instalada en Madrid. Recién terminados los estudios de ingeniería, en julio de 1846 se postuló para ir a Cuba, propuesta que fue aceptada en noviembre de ese mismo año como ayudante con el grado de aspirante primero. Antes de viajar a Cuba estuvo ocho meses “perfeccionándose en la minería” en la península, pues acababa de finalizar sus estudios de ingeniería de minas (AHN, Ultramar, 77, Exp. 6). En 1855 contrajo matrimonio con Carolina Ribeaux y Girard, natural de Santiago de Cuba (AHN, Ultramar, 81, Exp. 2).

Permaneció en Cuba hasta 1860, cuando regresó a la península para ocupar la jefatura del distrito de Valencia con la consideración de ingeniero jefe de primera clase. Volvió a la isla en 1863 (tabla 1), donde prestó sus servicios hasta comienzos de 1869, pues fueron suprimidas dos plazas en la Inspección cubana debido a los recortes presupuestarios del gobierno de la metrópoli ocurridos a finales de 1868. Pasó a ocupar una vocalía en la Junta Superior Facultativa de Minería y en 1876 fue nombrado jefe del distrito minero de Zaragoza, donde falleció el 31 de diciembre de 1879 (Necrología, 1880). Desarrolló una intensa actividad en Cuba, elaborando numerosos informes y publicando en diversos medios, tanto cubanos como peninsulares, gran parte de los resultados de sus trabajos técnicos sobre la minería en la isla, especialmente en relación con el cobre. Así lo evidencia la nota necrológica, que incluye una valiosa recopilación de sus obras, algunas de ellas inéditas.

Por su parte, Policarpo Cía y Francés, natural de Pamplona, donde nació en 1817, formó parte de la primera promoción de ingenieros de minas que se incorporaron en 1836 a la Escuela de Minas de Madrid. En 1839, tras finalizar los estudios, pasó al establecimiento minero de Almadén, a las órdenes de Casiano de Prado. Allí, entre los cursos 1841-1842 a 1843-1844 desempeñó tareas docentes en la Escuela de Capataces (López de Azcona, 1987). A continuación, continuó sus prácticas en las minas de Linares, para incorporarse en 1845 al distrito minero de Asturias y Galicia, a las órdenes de Guillermo Schulz. Por Real Orden de 11 de julio de 1846 fue nombrado para ocupar un puesto en la Inspección de Minas de Cuba, en the distrito de Puerto Príncipe, donde no llegó hasta comienzos de 1847 tras pasar unos meses en Swansea (Gales) para estudiar cómo se beneficiaba allí el cobre (Cía, 1850).

Su estancia en Cuba fue corta (tabla 1); regresó a la península en 1850 para encargarse de una cátedra en la Escuela de Minas de Madrid, de la que fue nombrado director en 1862. A causa de su precaria salud, solicitó la jubilación voluntaria en 1864. Falleció en Tudela en 1867 (López de Azcona, 1987). En Cuba, y junto a Diego López Quintana, participó en la elaboración de la nueva ley minera para la colonia, cuyo desarrollo presentaba un notable retraso y que finalmente fue publicada en 1863. Asimismo, llevó a cabo un estudio geológico pionero de la isla, al que describió como “un trabajo preparatorio de alguna utilidad para cuando se trate de formar su mapa geológico” (Cía, 1854). No cabe duda de que este documento sentó las bases para las posteriores exploraciones geológicas realizadas por Manuel Fernández de Castro y Pedro Salterain a lo largo de la isla, las cuales culminaron en la elaboración del primer mapa geológico de Cuba, como se explicará a continuación.

No fue sino hasta 1857 cuando la Inspección de Minas de Cuba incorporó a un auxiliar que pudiera colaborar en las tareas que allí se llevaban a cabo. Ese primer auxiliar fue José Fernández de Castro, quien desempeñó sus funciones hasta su fallecimiento en 1873 (véase tabla 1). A partir de 1865, compartió labores con otro auxiliar, Magín Joaquín Rivas Palau, quien en 1869 fue transferido al Negociado de Obras Públicas de la Secretaría del Gobierno de la isla, donde permaneció hasta 1876.

Tras el regreso de Joaquín Eizaguirre a la península en 1853, la labor de los ingenieros de minas en Puerto Rico se interrumpió durante una década, reanudándose únicamente con la llegada de Cirilo de Tornos en 1863. No obstante, su fallecimiento repentino en agosto de 1865 derivó en la supresión de la Inspección de Minas en la isla (Gaceta de Madrid, 18 de noviembre de 1865), sin que el Ministerio de Ultramar implementara medidas sustitutivas. A partir de ese momento, los asuntos mineros de Puerto Rico volvieron a ser gestionados desde Cuba, hasta que el interés de la metrópoli por el sector minero en la isla se reactivó. En 1875, Ángel Vasconi y Vasconi fue nombrado jefe de la Inspección de Puerto Rico, cargo que desempeñó hasta 1897 (Rábano, 2025).

Uno de los ingenieros más destacados que decidió poner su talento al servicio de Cuba fue Manuel Fernández de Castro, reconocido director de la Comisión del Mapa Geológico de España desde 1873 hasta su fallecimiento en 1895, cuya biografía hemos publicado recientemente (Rábano, 2022). Una vez finalizó en 1844 su etapa formativa como ingeniero de minas, con la categoría de aspirante segundo del Cuerpo de Minas, en 1845 se unió a la protesta contra una circular emitida por la Dirección General de Minas sobre la modificación del sistema de retribuciones, con lo que solicitó la excedencia del cuerpo. No se reintegró hasta 1853, tras haberse dedicado algunos años a la profesión de forma privada. En 1858 solicitó un destino en alguna de las colonias y optó por una vacante que se había producido en la Inspección de Minas de Cuba como resultado de una solicitud del Gobierno General de la isla a la metrópoli, que dio como resultado la creación de dos nuevas plazas para ingenieros de minas en la isla antillana.

Manuel Fernández de Castro (figura 2) fue nombrado inspector de minas en la isla de Cuba por Real Orden de 7 de mayo de 1859 con destino en la cabecera de la Inspección, que ya se encontraba radicada en La Habana.

Allí prestó sus servicios hasta comienzos de 1869. En diciembre de 1868 el Ministerio de Fomento había suprimido dos plazas en la Inspección cubana debido a los importantes recortes presupuestarios que tuvo que aplicar el gobierno provisional tras la Revolución Gloriosa, cuando fue destronada Isabel II. Una de ellas fue la de Fernández de Castro, la segunda la de Diego López de Quintana, de forma que en la Inspección de Cuba únicamente quedó un ingeniero de minas, Pedro Salterain, que se había incorporado en 1862 (tabla 1).

Además de las tareas técnicas propias de la Inspección, Fernández de Castro desplegó una importante actividad investigadora relacionada con la geología y paleontología antillanas, la hidrogeología, los riesgos naturales, o los estudios de suelos (Rábano, 2022). Desde el punto de vista minero no fue el cobre el que despertó mayor atención en este ingeniero, pues de sus aspectos de producción y explotación se encargó López de Quintana.

Fernández de Castro se interesó por la minería del oro, que plasmó en un extenso trabajo sobre las minas de San Blas de las Meloneras, en la provincia de Santa Clara, y las de Holguín, en la provincia de Santiago de Cuba. La obra fue muy apreciada en su momento, por la que es recordado actualmente entre los historiadores de la ciencia antillana (Pruna Goodgall, 2001). Otra de sus obras más reconocidas fue el mapa geológico de Cuba a escala 1:2.000.000 (figura 3), realizado junto con Pedro Salterain, que fue presentado a la comunidad científica en Madrid en 1881, durante la celebración del 4.º Congreso Internacional de Americanistas (Fernández de Castro, 1881).

Su figura ha sido objeto recientemente de una detallada biografía (Rábano, 2024), por lo que no nos detendremos en su trayectoria personal y profesional.

Cuando este joven ingeniero de 28 años (había nacido en Irún en 1834) llegó a Cuba, la organización administrativa de la isla en materia de minería se encontraba dividida en dos distritos. El distrito oriental abarcaba las provincias de Santiago de Cuba y Puerto Príncipe, las de mayor interés minero, y estaba bajo la jefatura de López de Quintana. Por su parte, el distrito occidental comprendía las provincias de La Habana, Santa Clara, Matanzas y Pinar del Río, y su dirección fue encomendada a Salterain. La jefatura de la inspección minera tenía su sede en la ciudad de La Habana, y era ejercida por Manuel Fernández de Castro.

Por vez primera había un equipo estable de tres ingenieros ocupándose de las tareas de la Inspección de Minas de la isla de Cuba, junto a los dos auxiliares José Fernández de Castro y Magín Joaquín Rivas Palau. Esta situación se vio interrumpida por los recortes presupuestarios de 1868 —como se mencionó anteriormente—, que provocaron la supresión de las dos plazas ocupadas por Fernández de Castro y López de Quintana. A partir de entonces, la Inspección quedó bajo la responsabilidad de un único ingeniero, Salterain, hasta la incorporación de Gabriel Usera en 1882.

A esta reducción de personal se sumaron los acontecimientos políticos que marcaron la isla a partir de ese mismo año, con el inicio del primero de los conflictos armados por la liberación del dominio colonial español: la guerra de los Diez Años (1868-1878). Posteriormente estallaron la guerra Chiquita (1879-1880) y, más tarde, la guerra de Independencia de Cuba (1895-1898). La crisis en la minería se debió, en gran medida, al reclutamiento masivo de operarios en las filas revolucionarias, especialmente en los distritos orientales, donde se encontraban las minas de cobre (Soto González, 1981; Moyano Bazzani y Fernández Alonso, 1998).

Pedro Salterain enfrentó varios contratiempos administrativos durante su carrera. El primero ocurrió en 1876, en plena guerra de los Diez Años, cuando se suprimió el servicio de la Inspección a raíz de un informe presentado por el comisario regio Tomás Rodríguez Rubí, enviado a Cuba para abordar el fraude y los problemas financieros de la isla. Como resultado, el servicio minero fue integrado, junto con los de ferrocarriles y montes, en una Junta Consultiva de Obras Públicas. En 1879 la Inspección se encontraba ya restaurada, como se desprende de los partes trimestrales de actividades que enviaban a la península (AHN, Ultramar, 106, Exps. 38, 39).

El segundo contratiempo consistió en la reducción del rango profesional asignado al puesto que debía ocupar. Esto implicaba que Salterain tendría que regresar a la península, desde donde se enviaría a otro ingeniero con la categoría adecuada. Para evitar una interrupción en el servicio, se le pidió que asumiera provisionalmente el nuevo cargo, a pesar de que era de menor categoría y conllevaba una pérdida económica. Salterain aceptó de forma transitoria e interina, aunque su situación no se regularizó hasta 1880 (Rábano, 2024). Una Real Orden fechada el 7 de octubre de 1879 dispuso que las provincias ultramarinas debían remitir a la metrópoli informes trimestrales detallados sobre las actividades llevadas a cabo por cada inspección (figura 5).

Estos documentos habrían permitido conocer con mayor precisión las funciones desempeñadas por los ingenieros de minas; sin embargo, su valor informativo se ve considerablemente limitado debido a que, lamentablemente, han llegado al Archivo Histórico Nacional de forma muy incompleta (AHN, Ultramar, 106, Exps. 38, 39; AHN, Ultramar. 227, Exps. 1-4; AHN, Ultramar, 227, Exp. 5).

Además, estaban obligados a compilar los datos sobre minas y producciones de las diferentes sustancias para contribuir a la estadística minera nacional, un requerimiento establecido para los distritos mineros peninsulares desde 1861. No obstante, en los territorios ultramarinos esta obligación se cumplió de forma considerablemente más laxa. Desde Cuba, por ejemplo, solo se remitió información correspondiente al período comprendido entre 1884 y 1887, según se recoge en la Estadística Minera de España.

En 1880 llegaron a Cuba dos auxiliares facultativos de minas; uno de ellos venía a reemplazar a Mariano Ruiz Merino, que se había incorporado en 1875 y había dejado Cuba en 1880 (tabla 1). Se trató de Juan Barrenechea Velar y de Valentín Pellitero Ribet; este último venía trasladado desde Puerto Rico, donde había prestado sus servicios desde 1876. En 1883 se incorporó Joaquín María Egozcue y Cía. En cuanto a los ingenieros de minas que colaboraron en la labor de la Inspección junto a Salterain, destaca que Gabriel Usera y Jiménez no se incorporó hasta 1882 (véase tabla 1). Fue nombrado ingeniero jefe del distrito minero de Santiago de Cuba por Real Orden de fecha 29 de septiembre de ese año. Usera desempeñó este cargo hasta abril de 1889, momento en que ejercía como jefe del distrito de La Habana (AHN, Ultramar, 227, Exp. 25).

Natural de Madrid, donde había nacido en 1838, comenzó los estudios de ingeniería de minas en 1856 e ingresó en el Cuerpo de Minas en 1862. Estuvo destinado en los distritos mineros de Almería, Murcia, Madrid, Málaga y Logroño, y como agregado a la Dirección General de Estadística en Madrid. A su regreso de Cuba, en enero de 1890 fue nombrado jefe del distrito de Palencia. Falleció en 1891, estando aún en activo (Necrología, 1891).

¿Qué motivó a una persona como Usera —con una carrera profesional consolidada en distintos distritos mineros de la península y sin vínculos familiares con las Antillas— a presentarse a una plaza en ultramar? Aunque desconocemos las circunstancias concretas, cabe suponer que uno de los factores decisivos pudo haber sido el notable aumento salarial, que llegó a triplicar el sueldo percibido en la península, así como la posibilidad de ascender de forma directa a una categoría profesional inmediatamente superior dentro del Cuerpo de Minas. Estas medidas fueron implementadas desde 1853 precisamente con el fin de incentivar a los ingenieros a optar por destinos en los territorios ultramarinos (AHN, Ultramar, 437, Exp. 9).

Quien sí había nacido en Cuba, en la ciudad de Bayamo en 1857, fue Juan Aguilera y Kindelán. Tras haber finalizado los estudios de ingeniería de minas en Madrid en 1886, estaba en espera de ingresar en el Cuerpo de Minas cuando se postuló para el puesto de auxiliar en el distrito de Santiago de Cuba, a fin de ocupar el que había dejado vacante Valentín Pellitero. Fue nombrado por Real Orden de 7 de noviembre de 1886. Su ingreso en el cuerpo se produjo finalmente en septiembre de 1889 y fue destinado al distrito de Barcelona. Tuvo que volver a la península para arreglar su situación administrativa, y en 1890 regresó a la isla como ingeniero jefe del distrito de Santiago de Cuba (tabla 1). En agosto de 1893 tuvo lugar una reforma de la plantilla del personal de Minas de la isla de Cuba, y se dispuso el cese de Aguilera, quien retornó definitivamente a la península en febrero de 1894 (AHN, Ultramar, 228, Exp. 8). Fue destinado a los distritos mineros de Palencia, Salamanca, Teruel y Valencia, donde falleció estando aún en activo en 1913.

Vicente Kindelán y de la Torre, nacido en Cuba en 1866, desarrolló en el territorio antillano una carrera profesional paralela a la de Juan Aguilera. Perteneciente a la promoción de 1888 de la Escuela de Minas de Madrid, ese mismo año fue nombrado auxiliar en la Inspección de Minas de Cuba, cargo que desempeñó hasta 1896. En ese año ingresó en el Cuerpo de Minas, también con destino en Cuba. Tras su regreso a la península en 1898, fue asignado sucesivamente a los distritos mineros de Huelva (1898), Murcia (1901), Guadalajara (1904) y, finalmente, al Instituto Geológico de España en 1914. Se jubiló en 1933, ocupando en ese momento la presidencia del Consejo de Minería.

El último de los auxiliares facultativos en incorporarse a la Inspección de Minas de Cuba fue Eugenio Malo de Molina, quien se unió en 1891. Contaba ya con experiencia en territorios ultramarinos, pues entre 1877 y 1880 había estado destinado en la Inspección de Minas de las islas Filipinas (Rábano, 2020, tabla 1). Permaneció en Cuba hasta la supresión de la Inspección en 1898 (tabla 1), acompañando a los dos últimos ingenieros en prestar servicio en la isla hasta ese momento: Vicente Kindelán y Enrique Cantalapiedra y Crespo.

Este último, natural de Valladolid, nació en 1846. Pertenecía a la promoción de 1866 de la Escuela de Minas e ingresó en el Cuerpo de Minas en 1871. Antes de ocupar una plaza en Cuba en 1893, desempeñó funciones en el distrito minero de Palencia, el Ministerio de Hacienda y la propia Escuela de Minas. Tras su regreso de Cuba, fue nombrado jefe del distrito minero de León.